El próximo 20 de agosto marca dos décadas desde el inicio de la operación del controvertido gas de Camisea, y se avecina un despliegue mediático de logros por parte del consorcio encabezado por la argentina Pluspetrol. Sin embargo, lo que se oculta detrás de esta celebración es un historial de favores estatales por parte de la operadora.
Desde el inicio, Pluspetrol ha disfrutado de un trato preferencial por parte del Estado peruano. La empresa argentina, que se catapultó a posiciones intermedias en el sector del petróleo y gas gracias a la generosa adjudicación del contrato, recibió beneficios que van desde flujos de efectivo adelantados hasta permisos excepcionales para conexiones de gas. Pero la gratitud y la buena voluntad no fueron mutuas. Cuando el suministro de gas natural (GN) para petroquímicas estuvo en juego, Pluspetrol se mostró inflexible y sus condiciones desmedidas contribuyeron al fracaso de importantes proyectos, como los de CFI Industries, Proteksa y Nitratos del Perú.
La controversia no termina ahí. Pluspetrol también demostró una actitud desafiante al negarse a suministrar GN a las eléctricas Fénix Power, Termochilca y Las Flores, provocando la retirada de la generadora americana Duke Energy del Perú. El drama continuó con el gasoducto sur peruano, donde la empresa alegó falta de reservas mientras ahora promocionan un nuevo gasoducto costero con un comportamiento más comedido.
Mientras Pluspetrol festeja sus logros, el Perú enfrenta la necesidad urgente de revisar y renegociar los términos del contrato. La clase política debe actuar con determinación para garantizar que las reservas de gas no solo se mantengan, sino que se amplíen, y que la empresa cumpla con sus compromisos en lugar de seguir con su actitud desafiante.